Las elecciones del corriente año exhumaron una práctica electoral que se hizo famosa en 2009: las llamadas “candidaturas testimoniales”. Con esta denominación se designa a una oferta electoral integrada por personas que, aprovechando su grado de conocimiento, popularidad, cargos públicos y peso político, se integran a las listas de candidatos propuestas por los espacios políticos con el único objeto de captar el voto del electorado y a sabiendas de que no asumirán sus cargos. Se ha observado que las candidaturas testimoniales constituyen una práctica electoral disvaliosa para el sistema institucional y éticamente reprochable, pero, así y todo, no resultan ilegales. ¿Es jurídicamente cierto esto último?

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