A través del impacto de la tecnología emergente, los mundos del derecho y los negocios se unieron en un evento internacional que se llevó a cabo el pasado 3 y 4 de septiembre, en la sede porteña de la Universidad Austral, con una visión académica y un abordaje práctico e interdisciplinario.
El Primer Congreso Internacional de Derecho y Tecnología Web3 aplicada a los Negocios se desarrolló en dos jornadas consecutivas, los días 3 y 4 de septiembre, con una modalidad híbrida: presencial y online. Reunió a unos 160 asistentes -120 presenciales y 40 online- y contó con la participación de referentes de organismos reguladores, académicos y profesionales de Argentina, España, Panamá, Bolivia, Brasil, Uruguay, Costa Rica y El Salvador, quienes aportaron miradas comparadas y experiencias regulatorias de sus respectivas jurisdicciones.
El encuentro fue organizado por el Departamento de Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y contó con el apoyo de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
La tokenización de activos reales (RWA), el impacto de la inteligencia artificial (IA), la jurisdicción internacional sobre criptoactivos, la fiscalidad, los vehículos jurídicos, la regulación de DAOs (Decentralized Autonomous Organization) y la evolución del compliance y la ciberseguridad estuvieron entre las cuestiones abordadas.
En la apertura del encuentro, María Valentina Aicega –directora del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad Austral- y Alfredo Muñoz García –de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid- dieron la bienvenida a los participantes.
En la conferencia inaugural, Muñoz García expuso sobre “Tokenización: potencial transformador y barreras regulatorias” y habló sobre el proceso que transforma activos físicos o intangibles -como inmuebles, obras de arte o datos sensibles- en fragmentos digitales llamados tokens, que se registran en una blockchain o se utilizan para proteger datos valiosos.
Este proceso de “tokenización de activos” permite dividir la propiedad o el valor de algo en unidades digitales negociables, aumentando la liquidez, la transparencia y el acceso para inversores.
En su exposición, Muñoz García disertó sobre los “beneficios enormes” que presenta este sistema, planteó los desafíos sobre “cómo implementarlo y cómo sustituir un sistema por otro” y se preguntó sobre si esta reconversión representa “una opción o una obligación”.
“Estados Unidos es el gran campeón de todo esto; segundo está la Unión Europea; luego Asia y los países de Medio Oriente; y Latinoamérica se queda muy chiquita. Hay estados que van avanzados como El Salvador, y luego Brasil y Argentina, pero hay estados que van muy lentos”, señaló.
También advirtió que “sin legislación hay cosas que no se pueden hacer”, por lo que hay una “gran responsabilidad de los legisladores” de cada país, y explicó que, en Europa, por ejemplo, “muchos proyectos no han conseguido una reforma normativa y se han caído”.
“Las jurisdicciones para tokenizar mercados de valores más innovadores se encuentran en EEUU. En Europa se va lento, porque el legislador necesita adaptarse y aprender”, sostuvo el especialista.
Entre los pioneros en esta materia, explicó que recientemente “en Dubai han hecho la primera operación inmobiliaria tokenizada del mundo y han vendido pisos enteros en un minuto”.
Por la tarde, en el panel “Regulación de mercado de capitales” -con la moderación de Muñoz García- compartieron sus experiencias de gestión autoridades regulatorias de diversos países. Estuvieron presentes Roberto Silva (presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina), Francisco del Olmo Fons (de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España), Juan Carlos Reyes (de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador), Patricia Tudisco (del Banco Central de Uruguay) y Manuel Alejandro Monrroy Villafuerte (de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia).
Al presentar este panel, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Gabriel Astarloa, destacó que el tema del Congreso es de “máxima actualidad e interés” y remarcó la “calidad de los expositores” así como la importancia de la participación de representantes del poder público.
En su exposición sobre “Regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en Argentina”, Silva dijo que el Gobierno de Javier Milei busca “modernizar el marco regulatorio y remover todas las trabas posibles” así como “convertir a la CNV en un organismo moderno y eficiente”.
“Queremos tener una política cripto friendly. El Salvador nos lleva mucha ventaja, pero Argentina -con lo que hemos hecho- se ha puesto a la vanguardia de la mayoría de los países de América Latina. Falta crecer y fiscalizar, pero hemos dado un montón de pasos y muy rápido. Nos hemos posicionado muy bien”, destacó el funcionario.
El español Olmo Fons habló sobre “El marco regulatorio de los criptoactivos en España” y reconoció que “aún hay muchas incógnitas y dificultades en la aplicación que está haciendo que todo se retrase bastante”.
“Se ha creado un marco regulatorio completo y nuevo. Ha sido complicado, pero se ha evolucionado muchísimo en los últimos cinco años. Lo peor viene ahora, que toca aplicarlo y es muy difícil. Tiene que haber convergencias entre los países de la Unión Europea y en eso se está trabajando”, explicó.
Reyes, por su parte, contó el caso de El Salvador, el único país del mundo en contar con un regulador nacional para activos digitales, luego de que el presidente Nayib Bukele decidiera legalizar el bitcoin como moneda nacional.
“Tenemos un Presidente con visión futurista y con enfoque en crear una comisión de activos digitales. El bitcoin es un programa de computación programado para actuar como instrumento financiero. Esa es la gran diferencia entre El Salvador y el resto del mundo”, aseveró.
Reyes, además, expresó el compromiso de El Salvador “en ayudar a otros países con sabiduría, tecnología y soporte” y manifestó que “hay una oportunidad para América Latina en ser líder en activos digitales”.
Luego, Tudisco se refirió a la “Regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales en Uruguay”, donde la cuestión “viene más lenta, pero con certidumbre jurídica y estabilidad en el país”, según explicó.
La especialista deseó que se “puedan levantar las manos más rápido en el Parlamento, ya que mientras demoran más, los lobbys generan dificultades” y pidió que “no haya interferencias o agendas más políticas”.
Finalmente, Monrroy Villafuerte expuso sobre el “Reglamento para empresas de tecnología financiera de Bolivia” y dijo que “todavía falta la reglamentación y lo más difícil es buscar un equilibrio entre la empresa y el consumidor”.
“Necesitaríamos una asamblea legislativa que genere mayorías que permitan legislar y tener una ley de protección de datos, avanzar en ciberseguridad y robustecer el derecho propietario en activos virtuales”, concluyó.
Segundo día
En tanto, la segunda jornada del Congreso incluyó paneles sobre criptoactivos como medio de pago, vehículos jurídicos para la tokenización, tokenomics y cumplimiento normativo, calificación jurídica de las DAOs, casos de uso prácticos, oráculos y validadores, y un debate sobre el ejercicio del derecho en Latinoamérica con aportes de expertos de Brasil, Panamá, Bolivia y España.
En el cierre del encuentro, se destacó la necesidad de avanzar en marcos regulatorios armonizados, fomentar la cooperación internacional, y consolidar un ecosistema jurídico y tecnológico que impulse la innovación.
El Congreso concluyó con el compromiso de elaborar un documento colaborativo de conclusiones y propuestas, orientado a enriquecer el debate regulatorio y a promover lineamientos prácticos de esta temática.