Lula asumió su histórica y desafiante tercera presidencia en un contexto convulsionado, con detenciones por acciones terroristas, manifestaciones de preocupación por posibles atentados a la vida de ambos presidentes (el saliente y el entrante), la prohibición temporal – ordenada por el Tribunal Supremo Federal– de usar armas en el distrito federal, una sociedad radicalizada y la posibilidad de decretar el “estado de defensa” para garantizar la paz social, medida que la Constitución brasileña avala en circunstancias especiales y por el plazo limitado de 30 días, lo que finalmente no ocurrió.