El Poder Ejecutivo propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses en el que deben inscribirse las personas y empresas que hagan lobby ante funcionarios o legisladores. También hay un registro para funcionarios públicos. La propuesta presenta algunas similitudes con la ley de lobby de Estados Unidos. En la región, Chile también reguló. En Argentina está vigente un decreto de 2003 que obliga a los funcionarios del Ejecutivo a informar sus audiencias con gestores de intereses. Especialistas consultados señalan falencias como la falta de transparencia en los viajes, el recibimiento de obsequios y las reuniones mantenidas por parte de los legisladores, entre otros puntos.