< Volver al catálogo LLM

Tutela Penal de Bienes Supraindividuales y Públicos

  • Departamento: Maestría en Derecho Penal



Carga horaria: 41 h

Breve descripción del curso

Sin dudas algo que caracteriza al Derecho Penal de nuestros días es la multiplicación de figuras penales cuyo objeto de protección no son los bienes básicos de las personas jurídicamente expresados en los derechos fundamentales, sino más bien los ámbitos más generales de lo supraindividual y lo público. Trabajar sobre estas problemáticas implica tener presente los límites de un Poder Penal estatal que continuamente se expande en muchas direcciones, a partir de demandas internas e internacionales de mayor intervención punitiva.

Por un lado, se da la protección anticipada de la persona a partir de figuras de peligro vinculadas con las nociones de seguridad común, salud pública y medio ambiente, en las que destacan las puniciones de las tenencias y el tráfico de materiales considerados peligrosos, ya sea por sus riesgos intrínsecos o por sus posibles usos. Se genera aquí también el grave problema de distinguir adecuadamente la utilización legítima de esos elementos peligrosos de aquellas que infringen el riesgo permitido.

Por otro lado, se avanza hacia la tutela de bienes más abstractos como la tranquilidad pública, en los que la cuestión de la criminalidad organizada, interna y transnacional, resulta ser el eje principal de la preocupación político criminal.

En tercer lugar, se puede destacar la protección del regular funcionamiento de los diferentes órganos del Estado a través de los delitos contra la Administración Pública, en los que el polifacético fenómeno de la corrupción de los funcionarios aparece como temática central.

Finalmente, una manifestación peculiar de la expansión penal aquí abordada se da con la idea de protección penal de la humanidad. En este caso la preocupación por los hechos criminales que más gravemente afectan a las personas se amplifica de tal modo cuando ellos son cometidos por quienes ostentan (aunque sea de hecho) el poder del Estado, que la persecución se entiende como un imperativo ineludible que posibilita inclusive relativizar ciertos estándares de garantía.