El profesor  de Filosofía del Derecho, Dr. Enrique H. del Carril, publicó una nota en de opinión para La Nación, sobre: «Una deuda pendiente»


 

Una deuda pendiente

Existen dos modos de entender la Constitución Nacional. O es un programa estático legado por nuestros antepasados o es una ley fundamental de referencia para las instituciones estatales y nuestro bienestar.

Es cierto que la Constitución fija que los tribunales federales o provinciales deben aplicar los códigos dictados por el Congreso. Es también cierto que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia y por eso la Constitución de 1994 la excluyó de atributos que éstas sí tienen.

Esto es coherente con nuestra historia constitucional: zanjado el choque entre unitarios y federales, el Estado nacional surge por la delegación provincial de poderes taxativos (artículo 121 CN). En cambio, la ciudad de Buenos Aires es un gobierno local de creación constitucional.

Esta diferencia parece sutil, pero no lo es: mientras las provincias retienen el poder no cedido a la Nación en la Constitución, la ciudad de Buenos Aires sólo tiene el que la Constitución le da.

Y ella dispone que la ciudad de Buenos Aires «tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción» (artículo 129 CN).

Pero también es cierto que el Art. 125 faculta a las provincias a firmar tratados «para fines de administración de justicia» y allí no se menciona a la ciudad de Buenos Aires. Se ha dicho que este artículo y algún otros (el 5 o el 75.12) indicarían que la Constitución de 1994 no acepta que la ciudad de Buenos Aires tenga su propia justicia con la extensión que tienen las provincias.

Pero si fuera así, no hubiera establecido que «hasta tanto se haya dictado el estatuto organizativo, la designación y remoción de los jueces de la ciudad de Buenos Aires se regirá por las disposiciones de los Arts. 114 y 115 de esta Constitución» (Disposición Transitoria 15»).

Además, del hecho de que la ciudad de Buenos Aires no esté mencionada en un artículo constitucional no se infiere que le sea inaplicable. Con ese criterio, Buenos Aires podría, por ejemplo, iniciar una guerra interna ya que esta restricción sólo menciona a las provincias (artículo 127).

Que la ciudad de Buenos Aires debe tener su justicia fluye de la propia Constitución. Y que debe entender en materias «comunes» (aquellas que están en los códigos) es puro sentido común.

Así lo entendió la Corte Suprema en el caso «Nisman», cuando instó a que se concrete la transferencia de la «justicia nacional» a la ciudad de Buenos Aires.

Una publicación de la asociación Unidos por la Justicia señala cómo ciudades similares a Buenos Aires tienen una justicia completa. Esto ocurre con México y Brasilia e incluso con Washington D.C., aun cuando ésta ni siquiera tiene representantes en el Congreso.

Hoy existe en la ciudad de Buenos Aires un servicio de justicia asimétrico e injusto. El habitante de Jujuy o Chubut paga de sus impuestos el costo de la justicia que tramita su divorcio o investiga el robo de su celular, y también solventa con esos impuestos a los jueces que hacen lo mismo para los porteños. Pero no ocurre al revés.

La justicia nacional que actúa en temas locales de la ciudad de Buenos Aires cuenta con aproximadamente 80 jueces laborales, 30 comerciales, 100 penales y otros tantos civiles. Esta estructura la costea el Estado nacional.

La Justicia que solventamos todos los argentinos debe abocarse a temas trascendentes para la Nación, como el narcotráfico. No a los asuntos de los porteños.

Nota original de LA NACIÓN