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*Carlos M. Belloni

La salida del Reino Unido de la unión Europea, más conocido como el Brexit (abreviatura de Britain y exit), tuvo su punto de partida hace poco más de dos años (el 23 de junio de 2016) cuando el resultado del referéndum resultó favorable a la salida del país por 52% a 48%.

En aquel entonces, la respuesta favorable al Brexit resultó sorprendente debido a que en los sondeos previos existía una pequeña ventaja en contra. Incluso el propio primer ministro de ese momento, David Cameron, se había manifestado a favor de la permanencia.

Las consecuencias económicas desde entonces fueron importantes para la economía británica y se prevé que también tengan un impacto significativo en los principales socios comerciales del Reino Unido una vez finalizado el proceso de salida.

El resultado negativo parecía evidente ya que casi el 50 por ciento de la economía británica depende del comercio exterior y la Unión Europea es el principal socio comercial del Reino Unido, seguido de Estados Unidos y China. Además, el Reino Unido también es uno de miembros que más recursos dan a la UE.

De acuerdo con el Centro para la Reforma Europea (CER), el costo de la decisión del Brexit para la economía del Reino Unido fue de 2,1% del PBI.[1]

Gráfico: El costo del Brexit luego del referéndum

Fuente: CER

En un reciente informe, el FMI pronostica los efectos económicos negativos sobre la UE como consecuencia del Brexit. Se estima que el PIB de los restantes 27 países de la UE caería 1,5% en un período entre 5 y 10 años si no se llegara a un acuerdo comercial. En el caso de haber acuerdo, la caída sería menor, de 0,8% del PBI.

En el escenario más pesimista, uno de los principales socios comerciales del Reino Unido como Irlanda sufriría un retroceso en su PIB de hasta un 4%. Bélgica y Holanda, quienes también poseen una importante relación comercial y dependencia económica, contraerían su PBI un 1%.

El proceso de negociación del Brexit tendría su cierre el 29 de marzo del 2019. Desde hace un año, la Primer Ministro Theresa May y la UE llevan negociando los términos de la salida del Reino Unido, con dos puntos como principales escollos: el pago del “divorcio” por parte del país británico ─ 44 mil millones de euros─ y las relaciones comerciales con el resto de países comunitarios.

El principal problema es sin duda el costo de la salida. Sin un acuerdo, el Reino Unido teóricamente dejaría de pagar no sólo los 44 mil millones de euros sino también su aportación anual a los Presupuestos comunitarios en 2019 y 2020, como estaba previsto.

La posibilidad de un Brexit sin acuerdo está latente. El jueves 19 de este mes, la Comisión Europea encendió las alarmas para advertir a los gobiernos, empresas e individuos que deben prepararse para la posibilidad de que Reino Unido salga de la UE sin que se haya alcanzado un acuerdo. En el caso de que las negociaciones dieran frutos, se establecerá un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el cual las normas de la UE seguirán vigentes para Reino Unido, lo que dará más tiempo a las empresas, personas y gobiernos para prepararse para el nuevo tipo de relación. Sin embargo, si no hay acuerdo, el Brexit se llevará adelante de forma abrupta con importantes consecuencias económicas, sociales y políticas.

Si bien desde el gobierno sostienen la decisión del Brexit, la falta de acuerdo y claridad en el plan de salida está reavivando opiniones contrarias en la población y en el Parlamento[2]. Actualmente se está abriendo un nuevo debate acerca de la posibilidad de convocar a un nuevo referéndum, impulsado por algunos legisladores como la exministra de Educación Justine Greening. No obstante, la decisión pareciera ya estar tomada.

El final de esté proceso está cerca y será con o sin acuerdo con la UE. En 2019 el Brexit pondrá fin a los 45 años de membresía del Reino Unido en este mecanismo de integración regional.

*Investigador del Área de Economía del IAE

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