El 10 de diciembre pasado se cumplió el primer año del nuevo gobierno y una de las promesas fuertes de campaña todavía está en discusión. La reforma del impuesto a las ganancias es el último gran debate del año que está presente en la escena política y social.
La necesidad de una nueva ley es evidente, por consecuencia de un proceso inflacionario que en los últimos 15 años produjo una fuerte distorsión en la base imponible e incluyó a cada vez más individuos. Se trata además de unos de los impuestos más progresivos y que mejor mide la capacidad económica para contribuir con el Estado, por lo cual su adecuación es fundamental.
La principal preocupación del gobierno en relación a cualquier modificación tiene que ver con el elevado déficit fiscal, que en 2015 fue del orden del 7% del PIB, el mayor porcentaje observado desde la hiperinflación de 1988. Según la AFIP, con el proyecto del oficialismo 600.000 trabajadores ya no pagarían Ganancias. En cambio, con el texto de la oposición, quedarían exentos 2.000.000 de asalariados. Mientras que la propuesta oficial suponía un costo fiscal de $41.800 millones, la ley Massa-Kicillof supone $ 132.000 millones. Además, el impacto sobre algunas provincias es llamativo. Buenos Aires perdería $ 9.860 millones; Santa Fe, $ 6.600 millones; Córdoba, $ 6.400 millones y Tucumán, $ 3.400 millones. Además, la caída de recaudación sería importante para los distritos más pobres, donde Ganancias alcanza a menos habitantes. En Chaco sería $ 3.500 millones, Salta $ 2.900 millones, y Misiones $2.400 millones.
El proyecto de la oposición
Entre los principales cambios del proyecto de reforma consensuado por los bloques opositores se destacan la modificación del mínimo no imponible, a $ 34.500 en el caso de los solteros y $ 44.000 para los casados, y la actualización automática del mismo. Es decir, lo pagará el 10 por ciento de la población “que más gana”, en base a un cálculo anual. Además, se exime del pago para el aguinaldo, horas extras y bonos por productividad; se crean nuevos impuestos para las apuestas online, del 7,5%, máquinas del juego, del 10%, y retenciones a las mineras.
También se propone la exención de pago a aquellos jubilados que cobren menos de $ 60.000 por mes; se incluye en el pago a nuevos magistrados que sean nombrados en el cargo a partir del primero de enero de 2017; se gravan los plazos fijos y las Lebac que superen 1,5 millon de pesos y aquellas ganancias de capital e interés para otros activos financieros cuando la ganancia supere los $300 mil. Asimismo, hay un mayor aumento del mínimo no imponible desde La Pampa hacia el sur (subirá un 45%).
Las críticas del gobierno al proyecto opositor son varias. En primer lugar, Cambiemos proponía que se incrementara apenas un 15% el mínimo no imponible, mientras que en la propuesta aprobada es del orden de un 40%. También se criticaron las múltiples deducciones agregadas, cuyo control por la AFIP alegan imposible. Afirman también que el proyecto establece privilegios innecesarios para la zona del país con mayores sueldos y mayores índices de desarrollo humano: las provincias patagónicas y La Pampa. Respecto de las jubilaciones, el nuevo mínimo no imponible de $60.000 no se condice con la jubilación máxima del SIPA que llega a $ 41.474. En cuanto al monotributo, pese al aumento del 100% en el monto de facturación límite, no aumentan los componentes del mismo. El componente impositivo no se mueve desde 2004, y el de seguridad social, desde 2012.
La forma en que la que se grava la renta financiera está mal hecha, ya que le van a retener incluso a quienes no pagan ganancias al afectar los intereses de las cajas de ahorro, cuentas especiales de ahorro y otros. Además, se siguen sin gravar las ganancias de capital por compraventa de acciones. Por el lado de los jueces, si bien es correcto que los jueces nuevos empiecen a tributar, el gobierno sostiene que no hay ahorro fiscal significativo por esta medida. Con las ganancias por dólar futuro, éstas tributaron Ganancias (35%) y ahora se les cobraría 15% más, sosteniendo el gobierno que se trata de un impuesto de recaudación incierta y que podría resultar confiscatorio. Por último, el gobierno sostiene que el proyecto va en contra del blanqueo al proponer un impuesto a los inmuebles improductivos cuyo objetivo sería únicamente político.
Mientras que el massismo se mostró dispuesto a rediscutir el proyecto con el Gobierno, el kirchnerismo insistió en que se sancione el texto salido de la Cámara baja. En el primer caso, Massa fijó cuatro condiciones: no alterar el mínimo no imponible, no eliminar las horas extra de las nuevas deducciones, no moderar los topes de facturación para los monotributistas, y mantener el piso de $ 60.000 brutos para los jubilados.
Hasta el momento sólo se aprobó por decreto la exención del pago del impuesto al medio aguinaldo de diciembre. La oposición del Senado emplazó al Gobierno para que antes del próximo miércoles presente una propuesta de modificación del impuesto a las Ganancias que conforme a la CGT y que tenga el consenso político suficiente para que pueda ser sancionada por la Cámara de Diputados antes de fin de año.
Ahora, la única posibilidad que tiene el gobierno de lograr modificar el texto que recibió media sanción depende del apoyo de los gobernadores, quienes enfrentarían una pérdida fiscal cercana a $ 20.000 millones si se sanciona la ley.
