Por Marcelo Bermolén
Profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales.
Similitudes Y diferencias
La Justicia de Brasil, incluso, actúa mientras el Partido de los Trabajadores es el partido del gobierno.
DEL LAVA JATO A LA RUTA DEL DINERO K
Muchos argentinos observan con asombro como en el país vecino, un simple juez federal -Sergio Fernando Moro- con fama de incorruptible, ha puesto contra las cuerdas al sistema político brasileño y ha llevado indirectamente a que la actual mandataria enfrente un procedimiento de juicio político (impeachment) que podría sacarla del poder. En momentos en que en la Argentina se habla del inicio de un mani pulite a la criolla, es bueno revisar que hay en común y que de distinto entre ambos procesos.
Brasil y Argentina comparten el triste escenario de contar con una clase política con tendencia a la corrupción y al abuso de poder. También, poseen una casta de empresarios proclives a realizar negocios con el Estado, desde una situación ventajosa que en muchos casos cruza la línea de la legalidad. En ambos países la corrupción se ha ido profesionalizando de la mano del dinero y del poder. Obra pública, contrataciones de empresas del Estado, licitaciones dudosas, facturas con sobreprecios o de origen incierto, servicios de terceros inexistentes, sociedades off shore, organismos de control desarticulados o anestesiados, coimas y retornos por doquier, lavado de dinero, reportes de alertas cajoneados, oscuros financiamientos de las campañas políticas y crecimiento del narcotráfico, son sólo algunas de las similitudes en la matriz de la corrupción que aqueja a unos y a otros.
Es cierto también, que las sociedades de los dos países no escapan de un comportamiento calcado y que resulta complejo de dilucidar. Carecen de una conciencia colectiva acerca de la importancia de contar con instituciones sólidas, son más permisivas con la corrupción en tiempos de bonanza económica y se vuelven más rigurosas contra ese flagelo en épocas de ajuste o de recesión. Sin embargo, ambos pueblos comparten un hartazgo social contra la impunidad y el desmanejo de los dineros públicos que ha llevado a hacer oír sus voces y convertirlo en un clamor. Y cuando el pueblo grita los sistemas se conmueven.
Brasil se encamina hacia el impeachment a Dilma Rousseff en el Senado, lo que podría llevar a suspenderla durante mayo en su cargo por 180 días, provocar su renuncia y poner en la Presidencia al actual Vicepresidente Michel Temer del poderoso Partido por el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El mismo Temer y buena parte de los diputados que la acusaron y de los senadores que podrían enjuiciarla, están sospechados o investigados por casos de corrupción. Una reciente encuesta muestra que, si la destitución de la Presidenta se hace efectiva, los brasileños mayoritariamente estiman como una salida viable a la crisis, la renuncia de todas las actuales autoridades (incluido el Vicepresidente) y el llamado a nuevas e inmediatas elecciones para completar el mandato presidencial que vence el 01 de enero de 2019.
La Argentina, por su parte, exhibe una postal de su clase política con la ex Presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner y el entrante mandatario Mauricio Macri, imputados ambos -por diferentes situaciones- ante la justicia federal. Nadie imagina, por ahora, que la causa de los Panamá Papers pudiera llevar al actual Presidente argentino a una situación de juicio político. Mientras que CFK afronta la reactivación de numerosas y profundas investigaciones de corrupción y lavado de dinero que habrían acontecido durante sus mandatos y el de su fallecido esposo Néstor Kirchner.
La mayor diferencia que exhiben ambos países se centra nada más y nada menos en como funciona el sistema federal de justicia. El Juez Sergio Fernando Moro, un especialista en temas de lavado de dinero, investiga uno los mayores escándalos en la historia de Brasil en materia de corrupción estatal por millonarios desvíos de la petrolera Petrobras y que involucra a grandes empresas y un importante número de políticos, entre ellos al ex presidente Lula da Silva. Ha puesto entre rejas al ahora arrepentido y otrora poderoso empresario y heredero de la constructora brasileña más importante, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, y es el mismo que –curiosamente- aparece mencionado en los documentos de Panamá Papars. Como se puede intuir, son los mismos patrones que se repiten y se investigan -con otros actores. en los tribunales argentinos.
El juez Moro pudo avanzar tan lejos, aprovechando un conjunto de circunstancias benéficas, muchas de ellas vinculadas a un sistema judicial fortalecido. A su conocimiento profesional del intrincado mundo del lavado, sumó su solvencia moral, el armado de equipos especializados y la continuidad sin pausa de su investigación. La resolución por módulos de su rompecabezas, integrando causas, preservando pruebas, protegiendo testigos y arrepentidos le permitieron reconstruir un poderoso entramado probatorio que se hizo efectivo manteniendo la independencia y resistiendo los embates del poder político.
En nuestro país, los llamados jueces federales del fuero criminal también conocidos como “jueces del poder”, distan en mucho de aquella descripción. Son los responsables de un sistema altamente ineficiente, en la investigación de delitos de corrupción y lavado de dinero, permiten la prescripción de las causas con la consecuente exoneración de los imputados, y exhiben una de las más bajas tasas de condena comparada con cualquier sistema judicial del mundo. Dicho de otro modo, por mérito propio, son los dueños de la impunidad. Hábiles negociadores con la política, tiempistas del humor social, acelerarían y retrasarían el avance de las causas según los acuerdos con operadores políticos y la necesidad de mantener sus propios cargos.
Acostumbrados a mostrar espectacularidad al comienzo de las investigaciones o por presión periodística, juegan a la partición de las causas como un modo de repartir la responsabilidad y justificar el tratamiento tardío de algunas cuestiones. Basta ver algunos fallos de la Cámara Criminal y Correccional Federal (especialmente de la Sala Segunda) indicándoles a muchos de los Jueces Federales de primera instancia, los numerosos errores que cometen y hasta dándoles consejos de cómo avanzar con la investigación. Las repetidas nulidades a las que se hacen acreedores algunos de esos magistrados llevan a preguntarse si las mismas responden a su incapacidad profesional o pueden ser algo más que eso. Todo se mezcla como en botica: pruebas que llegan a la prensa al mismo tiempo que a los fiscales, anuncios públicos de allanamientos, familiares vinculados al poder de turno y servicios de inteligencia entre bambalinas. Velocidad de la luz para cerrar causas y pasos de bebé parar avanzar con otras, muestran la disparidad en el tratamiento.
Mientras Brasil se encolumna detrás del juicio político de su Presidenta Dilma Rousseff, en nuestro país no hemos podido llevar adelante siquiera el juicio político al juez más cuestionado en las últimas décadas y que contara con la mayor acumulación de denuncias ante el Consejo de la Magistratura, La actual Administración aceptó dejar salir al ex Juez Federal Norberto Oyarbide por la puerta grande de la renuncia, pese a las innumerables sospechas de mal desempeño y la posibilidad de enjuiciarlo y enviar un mensaje de ejemplaridad.
Muchos parecidos y un diferencia fundamental con nuestros vecinos: el sistema judicial. Lo que hace que muchos argentinos se pregunten, si habrá entre nosotros un Juez Moro capaz de reivindicar los valores de la justicia, la ética y la República.
Fuente: publicada originalmente en la edición impresa del Diario Perfil el viernes 29 de abril, 2016.
