La presidenta recibió en la Casa de Gobierno al Decano de la Facultad de Comunicación

El martes 29 de abril se reunieron con la presidenta Cristina Fernández decanos de universidades públicas y privadas, para conversar sobre la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión.

El objetivo de la reunión fue escuchar las propuestas para una nueva Ley de Radiodifusión. Asistieron: el secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur; el interventor del COMFER, Gabriel Mariotto; el titular de la Red de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina, Hugo Padovani, y representantes de distintas universidades públicas, como la de Buenos Aires, Nacional de La Plata, Nacional de Córdoba , entre otras. De las universidades privadas, participaron la Universidad Austral, Católica de Salta; Católica de La Plata; de Ciencias Empresariales y Sociales y la Universidad de Morón.

Reproducimos a continuación la propuesta de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral para la nueva ley de Radiodifusión:

Ante la reforma de la Ley de Radiodifusión, la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral entiende que los valores básicos que debe contemplar y promover un nuevo marco regulatorio son los siguientes:

• La promoción del principio de subsidiariedad. Aquello que puede hacer la sociedad civil no lo tiene que hacer el estado. Lo que pueden hacer los grupos sociales más cercanos a los problemas concretos no lo tienen que hacer grupos con más poder social.
• La defensa irrestricta de la libre expresión. Para que este principio pueda cumplirse efectivamente, el texto de la ley no debería ser lo suficientemente ambiguo como para poder ser utilizado en forma arbitraria.
• El pluralismo político y social en el campo de los medios audiovisuales.
• La visibilización mediática de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, tanto desde el punto de vista social como regional.
• La posibilidad de que haya diversas formas de propiedad en la competencia por las licencias de radio y televisión. Nos referimos a que asociaciones civiles, organizaciones sociales, universidades, asociaciones religiosas, y otras formas de organización de la sociedad civil, puedan gestionar medios de comunicación audiovisuales, constituyendo entonces un tercer sector entre el sector privado y el sector estatal.
• La organización pluralista de los medios públicos, lo que incluye una auténtica revolución federal en sus contenidos.
• Establecer mecanismos de distribución transparente y equitativa en la publicidad oficial.
• La profesionalización y autonomía de las instituciones públicas relacionadas con la gestión de la política comunicacional.
• Ordenar la situación legal de las radios y canales de televisión en todo el país para evitar que haya una enorme cantidad de medios en la semi-legalidad o semi-ilegalidad, como es el caso en la actualidad.
• Dar transparencia a todo el proceso de asignación y renovación o revocación de licencias para reducir la arbitrariedad de los funcionarios políticos en ese proceso.
• Aprovechar la revolución tecnológica en marcha para pluralizar la cantidad de emisores y evitar la concentración de la oferta en muy pocos emisores, tanto estatales como privados.
• El nuevo marco regulatorio no debe ser utilizado por las autoridades competentes como instrumento de castigo político.