El Estado ausente en la cacería contra Uber

El profesor de la facultad de Derecho, Manuel Tessio, analizó para Infobae la escalada de violencia de taxistas contra los conductores de la empresa Uber.

En los últimos días trascendió públicamente una particular y polémica metodología de detención que está siendo utilizada por un grupo de personas, en su mayoría taxistas, contra conductores que supuestamente utilizan la aplicación Uber. Consiste en una verdadera cacería urbana, en la que este grupo de personas transita las calles de la Ciudad de Buenos Aires buscando posibles conductores de Uber, a los que, luego de acusar de estar cometiendo una contravención, los privan ilegalmente de su libertad. Así, los retienen hasta la llegada de la policía o, mucho peor, los llevan por la fuerza ante esta.

No puede perderse de vista que el Estado es quien posee el monopolio exclusivo de la fuerza pública. Y esta solo puede ser ejercida legalmente a través de sus fuerzas policiales, siempre dentro de las limitaciones derivadas del Estado de derecho. A pesar de ello, en casos excepcionalísimos, se permite a las personas particulares detener a otros individuos, siempre que exista una flagrante comisión de un delito grave (por ejemplo, si una persona encuentra a otra en pleno acto de homicidio, puede privarla de su libertad a la espera de la policía o llevarla por la fuerza ante ella).

Sin embargo, la supuesta comisión de una contravención, que es de lo que se acusa a los conductores de Uber, no habilita a los particulares a detener al individuo que la estaría cometiendo. Del mismo modo que un particular no puede detener a quien ingresa a un partido de fútbol sin entrada o a quien perturba filas de espectáculos públicos (conductas calificadas como contravenciones). Por eso, esta “cacería” de conductores es notoriamente ilegal y no puede ser respaldada por el Estado con su silencio e inacción.

Debemos resaltar que la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 13, expresamente establece: “En materia contravencional no rige la detención preventiva”. A su vez, la ley 12 autoriza únicamente a la autoridad preventora a ejercer la coacción directa para hacer cesar una contravención flagrante “cuando, pese a la advertencia, sea necesario para hacer cesar el daño o peligro que surge de la conducta contravencional”.

En suma, nos encontramos frente a una muy peligrosa práctica, que posiblemente pueda ser considerada como un grave delito. La fuerza pública y la Justicia no solo están mirando hacia el costado, sino que la están legitimando al recibir a estos “caza-Uber” con sus “presas”, omitiendo su obligación de indagar sobre las circunstancias en que fueron realizadas estas detenciones. En efecto, de acuerdo con los trascendidos, la Policía retiene al supuesto contraventor y deja libres a los cazadores, que, como mencionamos, con su método pueden estar cometiendo delitos graves que posiblemente merecen penas de prisión.

No puede avalarse esta ilegal práctica, cuyas graves consecuencias pueden atentar contra los más básicos derechos de los ciudadanos.

La Policía tiene el monopolio de la fuerza pública solo dentro de la ley. Debemos dejar atrás las épocas oscuras donde la Policía actuaba fuera de la ley con el apoyo de fuerzas parapoliciales. Dejémoslas atrás de una vez y para siempre.