Eugenia Bustamante

 

La Directora del Programa: Régimen Jurídico de los Agronegocios, Mag. Eugenia Bustamante,  enumeró para Clarín Rural las leyes que espera el campo para crecer en 2018.


Cuáles son las leyes que el campo está esperando

Muchas de las normas vigentes obstaculizan el crecimiento de la producción agroindustrial.

Hace pocas semanas, en el marco de Expoagro di una charla sobre las reformas legislativas imprescindibles para el sector, partiendo de la necesidad e importancia que significa para un país tener una legislación adecuada, actualizada y justa. Este concepto es fundamental, ya que se debe jerarquizar el cumplimiento de la ley, y para eso es preciso valorar la trascendencia del marco legal vigente.

Con esto quiero enfatizar que no nos puede resultar indiferente como sociedad producir bajo normas desfavorables a la producción, hostiles al crecimiento, ajenas a las últimas innovaciones o que no contemplen los derechos de todos los sectores que intervienen en cada proceso. Hay muchos temas para reformular, y en realidad, todas las modificaciones que se debaten actualmente implican el cambio de alguna norma jurídica, sea ley, decreto o resolución del Ministerio de Agroindustria u otro organismo como SENASA, INASE, AFIP.

Por cuestiones didácticas, divido las reformas pendientes en:

1. Normas que deben sancionarse: incluye aquellas cuestiones en las que no hay una ley nacional que regule al respecto. Por ejemplo una ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental sobre uso de agroquímicos, a partir de la cual cada provincia dicte la ley local, similar a la reciente Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios sancionada en 2017.

En otros temas hay un vacío legal, como en materia de producción con riego, en contratos innominados como Feed-lot, Canje, Integración Avícola, Multiplicación de semillas. Hay casos en los que hay regulación a través de resoluciones, pero no existe una ley nacional que enmarque la actividad, como la producción de cultivos transgénicos, que abarca casi la totalidad de la producción de soja, maíz y trigo del país.

2. Modificaciones de leyes vigentes: comprende las leyes que han quedado desactualizadas porque fueron sancionadas hace décadas para un contexto diferente, u otras que habiendo sido reformadas recientemente, no resultan favorables al desarrollo de la producción. En el primer caso está la ley de Semillas cuya modificación, que considero impostergable, empezó a debatirse el año pasado. Además, la ley de Arrendamientos y Aparcerías, que se utiliza en innumerables contratos por la cantidad de producción que se realiza en campos arrendados; las leyes de Emergencia Agropecuaria y Seguros, Conservación de Suelos, Trabajo Agrario, reformulación del régimen impositivo para bajar la presión tributaria, en especial IVA, Ingresos Brutos, sanción de la ley de Coparticipación, y a nivel provincial y municipal la revisión de impuestos y tasas.

También en Expoagro, el Presidente de la Nación Mauricio Macri y los Ministros de Agroindustria Luis Etchevehere y de Producción Francisco Cabrera, informaron sobre el proceso de desburocratización que se implementará en diversos trámites del sector agropecuario, con el fin de simplificar los procesos. Esta decisión es una excelente noticia ya que desde hace varios años se habían ido incrementando la cantidad de trámites, registros, presentaciones de informes y documentación, cuyo cumplimiento encarecía los costos operativos e insumía tiempo y recursos.

Resulta positivo que se empiece a reconsiderar el contenido de las normas, sus alcances y efectos, y a cuantificar los costos de su implementación. Así, merecen destacarse las reformas que se hicieron, como la eliminación de los derechos de exportación para todos los productos, excepto para la soja que se va eliminando de forma escalonada y la derogación del ROE que limitaba la exportación, entre otras.

Es hora de trabajar en la creación de la legislación que el país necesita para el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial, con debates constructivos sobre alternativas y buscando consensos de todos los sectores. La ley no puede ser percibida como un obstáculo que limita o dificulta los negocios, ya que la ley es un medio, un instrumento de regulación según un propósito determinado, y debemos transformarla en una herramienta que brinde seguridad, confianza y previsibilidad.