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En 2016, Daniel Oyarzún, un carnicero de Zárate, vio cómo dos delincuentes entraron a su comercio -en el que estaba con su cuñada-, dispararon dos veces, se llevaron $5000 de su caja y emprendieron la huida en una moto. De inmediato tomó su auto viejo y comenzó la persecución. Los delincuentes le dispararon varias veces más mientras se les acercaba, derraparon con la moto y cayeron al piso. Uno de ellos corrió y escapó. Oyarzún arrastró al otro con su auto hasta estamparlo contra un poste de luz. El joven de 24 años quedó atrapado mientras se moría. Las imágenes son desgarradoras; extendiendo su mano, pedía ayuda. Pero nadie atinó a mover el auto de allí por larguísimos minutos. La gente le gritaba que “era lo que merecía, por chorro”. A las pocas horas, murió en el hospital.

Un jurado popular, compuesto por 12 ciudadanos -todos víctimas previas de robos u otros hechos violentos- lo declaró “no culpable” por considerar que actuó en legítima defensa.

Oyarzún se manifestó aliviado, liberado del calvario del proceso y satisfecho porque, entre otras palabras, “se hizo justicia ya él es sólo un laburador que ahora podía volver a trabajar y cuidar de su pequeña hija”. La madre del joven tuvo que ser retirada de la sala por una descompensación que la derribó.

Desde que se dio a conocer la sentencia el pasado jueves 13 hasta estos últimos días, las reacciones se dividieron en dos. Los ciudadanos legos fueron muy favorables a la decisión, tan unánimes como la del jurado popular: “creo que esta vez se hizo justicia… los jurados juzgan mejor… son más lógicos que los jueces… ¡bravo!…”. El lado de los juristas y operadores del sistema judicial resultó muy crítico con el veredicto porque advierten, con razón, que Oyarzún actuó, a lo menos, con exceso en la legítima defensa, es decir, que su reacción merecía “alguna pena” como respuesta.

El marcado divorcio entre lo que la gente espera y piensa del sistema de justicia y quienes lo operamos no es una novedad, y cada vez se acentúa más.

Nada bueno puede esperarse de esto. ¿Qué nos pasa? Yo creo que nada distinto a lo que nos ocurre como sociedad. Pendulamos de un extremo al otro y, desde allí, gritamos, vociferamos contra el de enfrente, el contrario, el opuesto. Resultamos bastante incapaces de articular consensos y de buscar el justo medio racional, tan necesario en una sociedad necesitada de abandonar la adolescencia y pasar a la madurez.

La Justicia tiene con la gente, es muy cierto, una deuda enorme. Hace mucho conocemos una estadística que abruma: de 100 hechos violentos que se cometen, sólo 40 se denuncian (el 60% integra lo que llamamos “la cifra negra de la delincuencia”) y de esos 40 sólo 3 van a juicio. De esos tres, la ratio de condenas es algo superior al 0,5%. Es decir, que menos de 1 caso de los 100 que ocurren termina en condena.

La estadística tiene un par de años (está, por ejemplo, en el mensaje de elevación del Proyecto de Unificación de Fueros Criminal y Correccional y de juicios unipersonales de 2016) pero sigue siendo actual. El Ministro Garavano la repitió, exacta, en unas Jornadas Internacionales que inauguró en la Universidad Austral el día después de darse a conocer el veredicto del jurado.

¿Nos hemos pasado de garantistas? ¿Cuidamos más al presunto delincuente que al ciudadano víctima? ¿El Derecho penal parece ser una herramienta de protección de los bribones y de los violentos, más que un instrumento destinado a “dar a cada quien lo que se merece” y a garantizar la paz? Lamentablemente, sí.

Y lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos por modificarlo, el mal llamado garantismo penal (¡todos queremos garantías pero el Derecho Penal, si para algo sirve es, precisamente, para disminuir la violencia social informal, y no para asegurar impunidad que amenaza a la paz social!) ha ganado la partida y costará mucho trabajo, recursos y tiempo modificar el statu quo actual.

Mientras tanto, con procesos que tardan muchos años, con respuestas que no llegan, con ciudadanos que en lugar de hallar contención y satisfacción en la Justicia encuentran sólo problemas e incomodidades, lo más probable es que sigamos visualizando estos lamentables casos de “justicia por mano propia” que, por cierto, de justicia no tienen mucho y constituyen feas deformaciones de aquello a lo que debemos aspirar: respuesta oportuna y proporcionada para ciudadanos que yerran el camino y mensajes efectivos, para todos, de que las normas están vigentes. Y no ciudadanos que salen a buscar de cualquier modo “deshacerse del enemigo” que no lo deja vivir.

Claro que sí, falta una persona en la lista del título: el Estado. Y ese es, precisamente, el problema: no está. Sospecho que la percepción social de “su vuelta” demorará un largo tiempo, acaso tanto como el restablecimiento de la confianza de los mercados en la Argentina, incumplidora perenne.

Alejandro Freeland

Profesor de Derecho Penal

Universidad Austral y UBA.

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