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charla-agp1Por: Gerardo Sanchis Muñoz

A nivel internacional seguimos “flojos de papeles”. Si consideramos 2016 un año de transición, estuvimos en 2015 entre los países con más corrupción del mundo -105 sobre 150- según Transparency International. El World Economic Forum califica los países según su nivel de control y sanción de desvío de fondos públicos, pagos irregulares y sobornos, y relega a la Argentina a la posición promedio 140 sobre 144 países. Mintz suma las multas acumuladas por la Foreign Corruption Practices Act a empresas de los EE.UU. condenadas por sobornar funcionarios extranjeros desde 1977: la Argentina lidera el ranking.
Para los que no confían en los números, están las imágenes. Recordemos la Banelco de De la Rúa, los sobres de la Bonaerense, el bolsito de Felisa, el maletín de Forza, la valija de Antonini, los bolsones al peso de Báez Jr., las cajas fuertes y avionetas patagónicas de transporte de caudales: la progresión geométrica del dinero ilícito interceptado corrobora nuestra ubicación como una de las principales cleptocracias del planeta.
Se dice que la justicia argentina es blanda con los que gobiernan. Sin embargo, hace ya año y medio que los Kirchner dejaron el poder. Acumulan 2160 denuncias, innumerables pruebas y dinero inocultable, y sólo hay dos ex funcionarios encarcelados, y alguno que otro valijero o testaferro, mal llamados “empresarios”. Sólo un ingenuo puede creer que Fariña, López, Jaime, o Báez, fueron “cuentapropistas”. En Brasil están presos un centenar de poderosos empresarios, ex ministros y gobernadores, mientras que aquí ninguno de los verdaderos responsables está cerca de ser castigado. Peor aún, varios de ellos se pavonean en los medios aleccionando a la sociedad, postulándose a cargos u ostentando inmunidad parlamentaria.

Cuando Macri reclamó a ciertos dirigentes que dejen de “decirle cómo gobernar”, se estaba denunciando en el fondo algo más grave: que sectores poderosos de las élites política, industrial, financiera, sindical, judicial, deportiva, intelectual y social, tienen un acuerdo implícito para colonizar y controlar el Estado, y garantizarse recursos y protección. Este “Pacto de la Moncloa de la Impunidad” argentino es conocido por la academia como neopatrimonialismo, o sistema de apropiación política del Estado para fines particulares. El eje es la usurpación de cargos públicos. Se desplaza a los funcionarios estatutarios (nombrados para aplicar normas y procedimientos con imparcialidad) para ubicar cómplices del poder, en la Justicia y en puntos de control y áreas sensibles del Estado. Neutralizados sus reaseguros legales y administrativos, se convierte en el “Estado-botín”.
Lamentamos que no hay políticas de Estado que perduren en la Argentina. Sin embargo, hay un “acuerdo” que hace más de treinta años une a la dirigencia del país: congelar la carrera pública, degradar los concursos e ignorar el requisito de idoneidad de la función pública y la autonomía administrativa del Estado. La carrera judicial también está basada en el favoritismo y el nepotismo, violando abiertamente la Constitución. La AGN se dota mediante la aberrante pero aceptada práctica del cupo político. Áreas completas del Estado están cooptadas por los sectores que deberían controlar. Varias de nuestras provincias son feudos, literalmente, sin Justicia ni progreso, porque tienen Estados feudales, donde en lugar de jueces o funcionarios hay vasallos sumisos.

Ninguna plataforma de ningún partido político del país, ni empresaria o sindical considera estos problemas como prioritarios. El acuerdo tácito de cúpulas es obvio, porque al politizar los cargos públicos, los grupos más influyentes de la sociedad capturan al Estado y acumulan poder. Respaldan a los gobernantes de turno siempre que profundicen la desinstitucionalización. Así, sin ataduras, pueden desvirtuar la asignación justa de los recursos, generar prebendas, privilegios, contratos fraudulentos, subsidios dirigidos, mercados protegidos, negocios ilícitos, clientelismo social, o fondos desviados, en una espiral de complicidad.

La corrupción ya no es una distorsión indeseada. Es el objetivo buscado del neopatrimonialismo, que es un fraude a la democracia para concentrar poder, usufructuar del erario con impunidad, y condicionar la política cuando ésta busca ser honesta. Es éste el problema. Es estructural, y si no lo asumimos y actuamos, va a seguir profundizando nuestra decadencia, no importa quién esté gobernando.

Fuente: La Nación

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